Se mantiene la paralización de las obras de Santa Catalina y es imputada la empresa adjudicataria por presunto delito contra el Patrimonio Histórico

Se ha dado a conocer el informe del fiscal Juan Cisneros del Prado sobre la denuncia interpuesta por la adjudicación y obras en el cerro y castillo de Santa Catalina.
En su exposición el fiscal es categórico al afirmar que “se presenta un proyecto pidiendo una licencia. Se acredita que debe modificar el proyecto inicial en un sentido que además debe ser supervisado por la Delegación Provincial de Cultura. Y sin tener delante esa modificación, ni conocer el pronunciamiento sobre la misma que debe efectuar la Delegación Provincial de Cultura, se otorga la licencia. ¡Increíble!”
En el informe se exponen los argumentos jurídicos que muestra la protección legal de los monumentos del cerro de Santa Catalina, que según el fiscal son los siguientes:
“* El conjunto de las edificaciones goza de la protección que se deriva del Decreto de 22 de abril de 1949 sobre Protección de los Castillos Españoles.
* El foso tiene consideración de bien de interés particular en virtud de la Disposición Adicional Segunda de la ley 16/85 del Patrimonio Histórico Español.
* El resto de los bienes están actualmente en un proceso para su inclusión en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, lo que revela que se trata de bienes de gran interés histórico-artístico. El hecho de que aún no estén formalmente incluidos en dicho catálogo no excluye la necesidad de su protección […] sería absurdo que se los dejara desprotegidos por consideraciones formales relativas a la inclusión, o no, en un determinado catálogo administrativo. No hay que confundir causa y consecuencia. El bien tiene valor o no lo tiene, por sí mismo. Ese valor no se deriva de que se incluya en catálogo, lista o repertorio alguno.
En resumen, que las obras que se pretenden ejecutar, afectan a bienes que en este momento sí gozan de total protección conforme a la Ley 1/91 de 3 de julio de Patrimonio Histórico de Andalucía, por lo que son jurídicamente inviables.”

La titular del juzgado número 3 de Algeciras ha aceptado la petición del fiscal para que los socios de la empresa adjudicataria Centro Tarifa Santa Catalina, acudan a declarar en calidad de imputados. Sobre esta petición el fiscal argumenta: “Pero en lo que si que no hay duda alguna, porque ahí no hay indicios sino pruebas directas, es en la participación de estas personas en los presuntos delitos contra el patrimonio histórico. [ ] la entidad adjudicataria de las obras ha iniciado éstas sin haber cumplido ninguna de las condiciones ni presentado ninguno de los documentos que se le exigían con carácter previo a su iniciación. Su actuación equivale a una actuación sin licencia que ha dañado algunos de los bienes a los que estas obras afectaban. Por eso en este caso la imputación es clara.”

Mellaria puso dos denuncias por daños causados al búnker alrededor del cuál se estaba construyendo la oficina de turismo y el drugstore. En concreto, fueron la destrucción parcial del orejón de protección lateral y el derribo de la escalera de acceso. Mellaria también apreció daños causados en los adoquines del techo del búnker. A estos daños se refiere el fiscal cuando hace su petición para que los miembros de la empresa adjudicataria sean imputados en el caso.

En cuanto al recurso de reforma interpuesto contra el auto que adopta la paralización cautelar de las obras en Santa Catalina, el fiscal impugna el mismo y propone la continuación de la paralización, lo que ha sido aceptado por la jueza.

A la empresa adjudicataria se le exigió informe arqueológico para concederle licencia de movimientos de tierra. Según el fiscal, el estudio arqueológico presentado no es el adecuado porque se realizó sin el proyecto de obra definitivo y además se concedió licencia sin que se hubieran adoptado las medidas de control que exigía el informe arqueológico. Según palabras del fiscal “se deniega inicialmente dicha licencia [para movimiento de tierra] por falta de estudio arqueológico. Se presenta un estudio que exige unas medidas de control y se otorga licencia sin más, sin exigir ese control”. Para el fiscal los técnicos municipales entendieron que el informe arqueológico presentado no era el exigido, aún así se otorgó la licencia para el movimiento de tierra.

El fiscal también pide ampliar las diligencias llamando a declarar a los miembros de la mesa municipal de contratación con relación a las circunstancias en virtud de la cual se optó por la propuesta presentada por una entidad entonces inexistente. Se pide la declaración como imputado de Frang George Klapp, Antonio Santamaría Piñero y Antonio Blázquez Martín, socios fundadores de Centro Tarifa Santa Catalina S.A. También se solicita la declaración del arquitecto municipal, del asesor jurídico municipal y de la secretaria general del Ayuntamiento.
El fiscal pide que se envíe oficio a la Consejería de Cultura para conocer la situación del expediente para la declaración de bien de interés cultural del cerro y castillo de Santa Catalina.

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